Resumen de la Audiencia ante
la Comision Especial Legislativa
José Miguel Villalobos tuvo audiencia ante
la Comisión Especial Legislativa que
Investiga al Poder Judicial en la Comisión
Permanente de Asuntos Jurídicos, el pasado
14 de octubre de 2003.
Durante cerca de dos horas, José Miguel se
presentó ante la Comisión para detallar las
fallas e inconsistencias en las acciones
llevadas a cabo por servidores públicos en
el cumplimiento de sus responsabilidades.
Se le otorgó a José Miguel un tiempo inicial
de 30 minutos para la su declaración,
seguida de preguntas por parte del panel de
los cinco Diputados miembros de la Comisión,
encabezados por José Miguel Corrales (PLN).
Entre los Diputados en el panel se
encontraban Laura Chinchilla (PLN), Carlos
Herrera (Libertario), Emilia Rodríguez
(Bloque Patriótico) y Jorge Álvarez (PUSC).
José Miguel comenzó su presentación
detallando fallos en el debido proceso
judicial cometidos por la
Fiscalia
en el caso de los Hermanos Villalobos:
-
Lo que comenzó como una rogatoria para
asistencia en una investigación policial de
la Policía Real Montada del Canadá, se
enmarcó de manera inmediata por parte del
Fiscal Espinoza como una acción judicial
involucrando supuestos delitos y condenados.
-
Una cuenta detallada de los conflictos en la
secuencia de los documentos presentados en
la Fiscalia y al Juez Sánchez que llevaron
al cabo el allanamiento del 4 de Julio de
2002.
-
Pasando por encima de la línea de
responsabilidad dentro de la propia Fiscalia,
se presentó el conflicto de comunicación
directa entre Espinoza y un funcionario de
la Embajada de Canadá en Colombia, en mayo
de 2002, antes del recibo de la carta
rogatoria del gobierno Canadiense.
-
La falta de propia contabilidad e
incompetencia en los informes de los dineros
confiscados durante el allanamiento del 4 de
Julio, en el que todavía no se han
contabilizado 10 millones de Colones que se
encontraban en una caja fuerte y aparecen en
las actas de allanamiento.
-
La decisión administrativa de transferir los
7 millones de dólares que habían sido
congelados en cuentas bancarias por la corte
y que pasaron a jurisdicción de la Comisión
Antidrogas sin el debido proceso judicial
que requiere notificación pública y la
aceptación de las demandas de terceros.
José Miguel prosiguió con tres casos por
separado con acciones cuestionables por
parte de la Fiscalia, dos de las cuales
involucran al Fiscal Espinoza:
El caso de Lugianno Scarpa, en donde
propiedad privada que no era parte de la
evidencia fue confiscada durante su arresto.
La confiscación inapropiada incluía un
cheque de garantía de Luis Enrique
Villalobos por la suma de $100 mil dólares,
que fue posteriormente destruido por la
Fiscalia de Narcotráfico. En los documentos
actuales sólo existe una “copia de una
copia” del Acta de Destrucción original, el
cual no aparece, y está firmado por Walter
Espinoza.
El caso de Mathew Shizard, quien fue
detenido en las celdas del OIJ y privado de
su libertad sin cargo alguno y quien
continua en prisión sin denuncia formal por
parte del Juez Sánchez.
Y
el caso de las “tablas de surf” de cinco
italianos quienes fueron transferidos de
manera abrupta al Fiscal Walter Espinoza en
San José. El caso claramente pertenecía a
la jurisdicción de la Fiscalia de
Puntarenas, en donde los individuos fueron
arrestados por posesión de cocaína empacada
en sus tablas de surf. Después que el Fiscal
en Puntarenas acordó transferirlos, los
hombres fueron puestos en libertad por parte
del Fiscal Espinoza y regresaron a Italia
sin cargos o investigación alguna.
José Miguel cerró su presentación expresando
su convicción de que los jueces deben ser
responsables por la verificación de la
información que se les entrega por los
fiscales y confirmar que se ésta se basa en
evidencia apropiada antes de firmar órdenes
judiciales.
La sesión de preguntas y respuestas
continuó, pero no se tratará en este
resumen. Sin embargo, lo dejaremos para
nuestro envío de la trascripción oficial
completa.
UCCR
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