Publicacion: La Prensa
Libre, viernes 13 agosto, 2004
Irregularidades de la Fiscalía Penal
denunciadas al Fiscal Gral. de la República
Mario R.
Borges y Soubirous
Periodista
Atendiendo a una cita que gentilmente me
concedió el señor Fiscal General de la
Republica, Lic. Francisco Dall´ Anesse,
asistí, el día 15-7-04, a las 15 horas, a la
Fiscalía General de la República, en
compañía del ex ministro de Justicia, Lic.
don José Miguel Villalobos, para denunciar
los procesos dilatorios del Fiscal del
Juzgado Penal de San José, Lic. Walter
Espinoza, y que resumo en la forma
siguiente:
Los
hermanos Villalobos Camacho no han huido del
país y están esperando desesperadamente
porque el Juzgado Penal de San José dicte
sentencia o sobreseimiento en la causa penal
que oficiosamente, y solo por presunción,
estableció contra los hermanos Villalobos
Camacho y después de allanarles las
oficinas, sin encontrar prueba alguna. Las
oficinas no fueron cerradas por ellos, sino
por el Juzgado Penal de San José, porque les
congeló todas las cuentas bancarias, y
luego, sin tener prueba alguna, ordenó la
prisión de don Osvaldo Villalobos.
En carta
que don Luis Enrique Villalobos presentó al
Juez Penal de San José, Lic. Francisco
Sánchez, informa que durante el allanamiento
de sus oficinas, se extraviaron los valores
siguientes: USA$250.000,00 en efectivo,
aproximadamente cien millones de colones, y
no hay en el expediente ni en la nota del
inventario de decomiso, ninguna resolución y
constancia que diga quién tiene o dónde está
ese dinero.
Además,
el ex ministro de Justicia, Lic. José Miguel
Villalobos, denuncia que hay dinero que fue
decomisado durante el allanamiento y no
aparece en las cuentas como depositados, o
sea USA$257.990,00 decomisados;
USA$204.189,00 contabilizados y
USA$53.801,00 como faltante. Que hay también
¢10.331.000,00 que fueron decomisados y no
aparecen en el acta de allanamiento. Que aun
cuando el Fiscal Espinoza dice que no fueron
decomisados, pero en el acta de allanamiento
bajo la Jueza Cindy Williams Viquez, dice
que se decomisaron y esto lo niega el Fiscal
Espinoza, quien es el responsable de guardar
ese dinero, según lo continúa informando el
Lic. José Miguel Villalobos, ex ministro de
Justicia.
Don Luis
Enrique Villalobos envía una carta a todos
nosotros sus acreedores y en uno de cuyos
párrafos nos dice lo siguiente: “Agradezco a
los acreedores que me han demostrado su
solidaridad y siguen confiando en mí con
abogados o sin abogados, porque saben que
nunca les he fallado y siempre les cumplí, y
que mi caso no es comparable con otros y que
lejos de enredar las cosas, me dan la
oportunidad de reiterarles mi voluntad de
saldar las deudas cuando las circunstancias
así lo permitan. Aclaro, para finalizar, que
el único que podría cancelar y negociar el
pago de las deudas que mantengo con mis
acreedores, soy yo y nadie más, pues fui la
persona que recibió los préstamos y soy por
tanto el único responsable legal y moral
para pagar las deudas cuando las
circunstancias así lo determinen.” Por lo
tanto, la justicia tardía del Juzgado Penal
de San José se ha convertido en injusticia
de la que somos víctimas más de seis mil
familias ahorrantes, además del Estado de
Derecho que ha sido ignorado.
Por lo
expuesto, resulta que el juzgado Penal de
San José esta violentando el articulo 41 de
la Constitución Política de la República, el
cual textualmente demanda “JUSTICIA PRONTA,
CUMPLIDA, SIN DENEGACIÓN Y EN ESTRICTA
CONFORMIDAD CON LAS LEYES”. ¿O será que el
extravío de todas esas fortunas, durante el
allanamiento de las oficinas de los hermanos
Villalobos, impide dictar sentencia o
sobreseimiento?.
Generalmente los delincuentes procuran
alargar el plazo de sus acusaciones para
lograr la prescripción de las mismas, pero
en este caso insólito e inconcebible,
manipulado subrepticiamente por fuerzas
misteriosas y extrañas empeñadas por
destruir a los hermanos Villalobos y por
ende a todos nosotros dueños de capitales
acumulados durante un cuarto de siglo y en
custodia de don Luis Enrique. Por lo tanto,
resulta que los hermanos Villalobos, como
nosotros todos sus acreedores, demandamos
que si en más de dos años no hay pruebas
contra los Villalobos, entonces procede
dictar inmediata sentencia o sobreseimiento,
lo cual no ha ocurrido de modo que ya no son
los hermanos Villalobos, quienes no han
huido esperando la sentencia, y quienes no
han defraudado a sus ahorrantes o
acreedores, sino que es el Juzgado Penal de
San José, el que ha defraudado las ilusiones
e intereses de los acreedores, quienes en
vez de ser víctimas de los Villalobos, somos
víctimas del Juez Penal de San José.